LA CRISIS DEL AGUA EN MÉXICO
Disponer de agua suficiente será, junto con las migraciones, el problema más grave de este siglo. El agua es el recurso fundamental para el desarrollo social y económico. Generalmente, cuando se habla de lo que significa tenerlo, se mencionan los desajustes que existen en Oriente Medio, África y Asia Meridional y Oriental. Sin embargo, también en América Latina, donde se cree que el volumen de agua es ilimitado y suficiente para cubrir las necesidades de la población, esos desajustes existen. Más de la mitad de quienes habitan en centros urbanos de Latinoamérica no cuentan con suficiente agua potable, y son muchos más los que carecen de ella en el medio rural.
En el caso de México —pocos países disponen de tantas cuencas hidrográficas: más de 300—, la distribución y utilización de esta riqueza natural no es uniforme. Las regiones donde se concentra la mayoría de la población y las actividades industriales no disponen de suficientes fuentes de abastecimiento, los acuíferos están sobreexplotados y en buena parte contaminados. Hoy, las 50 ciudades principales del país no satisfacen plenamente las necesidades de agua potable y servicios conexos que demandan sus habitantes, con el agravante de que mientras unos la malgastan, otros muchos carecen del líquido indispensable. La gente de bajos recursos es la que paga cuotas más altas para obtenerlo. Las principales cuencas hidrográficas están contaminadas porque las poblaciones, la agricultura, la industria y los servicios descargan sus aguas residuales sin tratamiento alguno. Sobresalen por su deterioro las de los ríos Lerma Santiago, Bravo, Pánuco, Balsas, Atoyac y San Juan; la del Blanco, en Veracruz, que forma parte del sistema hidráulico del río Papaloapan; la del Coatzacoalcos, la más contaminada de México. Los centros urbanos, la mega urbe (conformada por la Ciudad de México y los estados de Puebla, México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala) así como las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, aportan casi la mitad de las aguas negras del país. Mientras se contaminan las principales cuencas, lagos y zonas costeras, 15 millones de personas de las áreas urbanas y 13 del sector rural carecen de agua potable, y 44 millones no disponen de alcantarillado.
Las técnicas de manejo del líquido son, en buena parte, obsoletas. La infraestructura hidráulica muestra alto grado de deterioro. Las cuotas que el sector público cobra por el agua no cubren su valor real. Ello propicia el desperdicio y alienta la sobreexplotación de los acuíferos. El agua es un bien de la Nación. El acceso a ella es, junto con la salud, mandato constitucional. Pero no se paga lo justo por el líquido que llega por las redes de distribución. Si la prioridad fuera captar el agua de lluvia para recargar los acuíferos, tratar y reutilizar al máximo las negras; si se evitara la corrupción en las obras hidráulicas; si se utilizara bien en el agro y las ciudades, los problemas actuales se resolverían más fácilmente, y la población no tendría que comprarla en las tiendas. Una política gubernamental sostenible debe garantizar la calidad del agua y que, quien la contamine, pague más por hacerlo. El Estado debe obligar al tratamiento de las aguas residuales, no seguir subsidiando el desperdicio ni permitir que las cuencas hidrológicas, las lagunas y las costas sean, como hoy, destino final de todo tipo de desechos, y aprovechar lo más posible el agua de lluvia para recargar los acuíferos en vez de enviarla al mar; de igual forma, impulsar la investigación científica y tecnológica para sortear los graves problemas que se observan donde el líquido escasea, como en el norte del país, o en el sureste, donde, por la abundancia, su manejo y utilización son un desafío.
El mal uso del vital líquido será un freno al desenvolvimiento económico y social, una amenaza a la salud y a la sobrevivencia de algunas poblaciones. La historia muestra que la falta de agua y/o su mala calidad, limita las perspectivas de bienestar de millones de habitantes y origina agudos conflictos sociales entre las comunidades. Ante las fallas que las instancias oficiales muestran para lograr el uso racional del agua y su conservación, es imprescindible la participación efectiva de la población. Si no se actúa con todo rigor, el futuro de México será de mayores carencias y desigualdades en el acceso a un recurso vital que, por ningún motivo, debemos permitir que se nos escape de las manos.