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Potencial de las comunidades forestales frente a la pandemia por COVID-19

Leticia Merino

Las comunidades forestales mexicanas, particularmente las oaxaqueñas, con su régimen de propiedad comunal y sistema de usos y costumbres, tienen un importante potencial para construir un desarrollo local real, capaz de generar empleos, de diversificar las economías regionales y de generar inversión social en actividades productivas y en servicios públicos en las comunidades. Treinta años de vida de las experiencias de manejo comunitario en contextos muchas veces adversos muestran este potencial. La productividad y riqueza de los bosques mexicanos, y la lógica de contribuir al bien común como eje de la gestión forestal comunitaria, son recursos muy importantes para construir experiencias de sustentabilidad con equidad.

En México, y en Oaxaca especialmente, las áreas con manejo forestal comunitario mantienen las coberturas forestales, el abastecimiento de carbono, los cuerpos de agua y la biodiversidad, de forma tan eficiente como las áreas naturales protegidas más sofisticadas. Además, invierten esfuerzos y recursos en la restauración de los bosques y mantienen brigadas de protección contra incendios, plagas y tala ilegal, con base en la protección comunitaria. Las experiencias comunitarias de manejo y uso de bienes comunes se basan en la organización comunitaria, a la vez que la fortalecen. La confianza y el respeto de los individuos hacia las decisiones colectivas y a las reglas comunitarias, así como el sentido de pertenencia compartido, contribuyen a fortalecer la paz y la gobernabilidad, tristemente, bienes escasos en México.

A pesar de su potencial y sus logros, las experiencias de manejo, aprovechamiento y gestión comunitarios han sido pocas veces comprendidas y valoradas por quienes diseñan y operan las políticas públicas. A lo largo de los años, se ha insistido en la necesidad de una regulación y gestión menos pesadas, descentralizadas –cuando existan condiciones–, en una política fiscal que reconozca las contribuciones de las empresas comunitarias, en la disposición de créditos blandos e inversiones públicas en infraestructura y recursos productivos, en sistemas de vigilancia y sanción efectivos que se basen en esquemas de cogestión entre comunidades con historial de buen manejo. La respuesta a estas demandas ha sido limitada y, a partir de 2012, el abandono, incluso la agresión a las comunidades forestales fue prácticamente total: desapareció el área de silvicultura comunitaria de la Comisión Nacional Forestal y se otorgaron concesiones mineras en 33% del área forestal del país, 70% de ellas en propiedad social, incluyendo zonas de conservación comunitaria, como el área de bosque mesófilo de la comunidad de Capulalpan de Méndez, en la Sierra de Juárez, y zonas de la Reserva de la Biósfera de Mariposa Monarca (que a pesar de encontrarse en la Reserva, son propiedad ejidal y comunal). Mientras tanto, los aprovechamientos forestales ilegales, tradicionalmente elevados en distintas regiones de México, se han multiplicado, relacionándose en ocasiones con el crimen. En estas condiciones, vale preguntarse si en aquellos contextos, donde el manejo forestal comunitario contribuye al bien común, debe reconocerse a este, y no a la minería, como actividad esencial y de “utilidad pública”.

La pandemia por COVID-19 pone a México frente a las consecuencias de décadas de políticas profundamente antisociales. Cifras tremendas, como la que expone que 50% de los mexicanos viven en condiciones de pobreza y casi 10% en pobreza extrema —que implica pobreza alimentaria—, no han descendido en 20 años y se incrementarán considerablemente a partir de la pandemia. Junto a la pobreza y la precariedad, México se señala como el país con más desigualdad en América Latina y uno de los más desiguales del mundo. La diferencia económica es también vulnerabilidad frente a la pandemia, ya que afecta en mayor medida a los grupos más pobres y con menos posibilidades de protegerse o cuidarse en la enfermedad. Resultado de ello son las altas cifras de contagio y mortalidad en Tabasco, en las colonias populares y pueblos originarios del suelo de conservación de la Ciudad de México: Topilejo, Milpa Alta y Xochimilco, con muy pobre acceso al agua y servicios de salud, así como en Iztapalapa, Ecatepec y Puebla, los municipios con el mayor número de pobres en el país.

Las comunidades forestales están relativamente protegidas por su aislamiento y organización, pero en distintas regiones se enfrentan a otro tipo de condiciones y presiones: en Quintana Roo, por ejemplo, las comunidades mayas, al haber acogido migrantes que se ocupaban en la zona turística, generaron algunos contagios. También se enfrentan a procesos como la tumba de selvas y manglares que se realizan de manera ilegal, frente a una nula capacidad institucional para detenerlos. Los apicultores mayas han sufrido la pérdida de apiarios por las inundaciones que generó en junio el huracán Cristóbal, además de la caída del mercado regional de miel. Los pueblos forestales del centro, norte y occidente del país se enfrentan a la caída de los mercados regionales de la madera, asociados en gran medida a la industria de la construcción, además de que los migrantes vuelven de las ciudades, incrementando el riesgo de contagio. En las dos últimas regiones se enfrenta un incremento del control territorial por parte del crimen: en Jalisco y Michoacán, por ejemplo, los desmontes al margen de la ley para establecer huertas de aguacate. En comunidades de Chiapas y Campeche, el programa de la Secretaría de Bienestar, “Sembrando Vida”, compite con la preservación de los bosques naturales.

En Oaxaca, las comunidades organizadas han cerrado sus entradas como mecanismo de protección y de esta manera preservar sus bosques, aun en estas condiciones adversas. La organización comunitaria, e intercomunitaria regional, puede tener un papel clave en la construcción de la capacidad de resiliencia frente a la crisis. Sin desconocer la responsabilidad de los gobiernos, las asambleas de los pueblos pueden ser espacios para discutir sobre la pandemia y las formas para responder a ella, por ejemplo, sobre la reconstrucción de los sistemas alimentarios y de salud locales y regionales, el combate de enfermedades crónico-degenerativas y las medidas frente a los impactos de los eventos meteorológicos extremos a partir del cambio climático, incluso el desarrollo de sistemas comunitarios de producción de energía a partir de fuentes renovables. Mucho se ha dicho sobre la necesidad de cambios profundos para la reconstrucción de las sociedades después de la pandemia en muchas regiones forestales de México, especialmente en Oaxaca: una estrategia de impulso al manejo forestal y territorial, a las economías y a los gobiernos comunitarios, tendría un fuerte potencial para construir experiencias socioambientales ejemplares. Los gobiernos y los congresos estatales pueden jugar papeles importantes en esta estrategia, por ejemplo, declarar el manejo forestal comunitario como actividad de utilidad pública en Oaxaca, legislar en este sentido e impulsar políticas que permitan un futuro sustentable e incluyente en el estado de mayor diversidad biológica y cultural del país.

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